Autoridad intolerante: cuando la protesta incomoda más que la delincuencia

En Aguascalientes, la paciencia de las autoridades municipales y estatales parece agotarse con rapidez, pero no frente a la delincuencia que se multiplica en colonias y comunidades, sino frente a los ciudadanos que se atreven a alzar la voz.

Tianguistas que exigen espacios dignos, emprendedores que buscan oportunidades justas, asociaciones civiles que reclaman atención a problemas sociales… todos ellos enfrentan un mismo escenario: la llegada inmediata de corporaciones de seguridad para “contenerlos”. En lugar de funcionarios dispuestos a escuchar, aparecen patrullas y uniformados.

El contraste es evidente: mientras el robo, la extorsión y la violencia cotidiana avanzan con impunidad, el aparato de seguridad del Estado se muestra ágil y contundente únicamente cuando se trata de atender manifestaciones pacíficas. La ciudadanía percibe así una contradicción dolorosa: se responde con rapidez al reclamo social, pero con pasividad ante la inseguridad real.

Este despliegue excesivo de fuerza no solo genera desconfianza, sino que manda un mensaje peligroso: en Aguascalientes parece incomodar más la protesta ciudadana que la actividad delictiva. La autoridad prioriza sofocar inconformidades en lugar de resolver los problemas de fondo.

Lo que está en juego no es un simple desacuerdo entre gobierno y sociedad, sino el respeto al derecho a la libre expresión. Si cada causa ciudadana por pequeña o grande que sea recibe la visita de patrullas antes que la de mesas de diálogo, lo que se erosiona no es la manifestación en sí, sino la legitimidad de quienes gobiernan.