En Aguascalientes, las detenciones a personas que transitan por la vía pública ya sea a pie o en su vehículo sin haber cometido infracción alguna siguen ocurriendo bajo el pretexto de “revisión de rutina”, una práctica que, lejos de ser un procedimiento legítimo, contraviene la Constitución, el Código Penal estatal y los estándares internacionales de derechos humanos.

La ley es clara: ninguna persona puede ser molestada en su integridad, bienes o libertad sin una orden judicial o sin encontrarse en flagrancia. Sin embargo, cuerpos de seguridad locales insisten en detener, interrogar y registrar a ciudadanos sin justificación legal, en ocasiones sin informar el motivo o sin levantar el registro oficial que exige la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta omisión no solo vulnera derechos fundamentales, sino que abre la puerta a abusos, extorsiones y actos de intimidación.

El Código Penal de Aguascalientes sanciona la aprehensión sin acreditación del delito, el retener a personas sin ponerlas de inmediato a disposición de un juez y la realización de cateos o inspecciones fuera de los casos autorizados. Pese a ello, en operativos cotidianos se observa un patrón sistemático de actuaciones ilegales, amparadas en la opacidad institucional y en la baja probabilidad de que un ciudadano inicie un proceso legal contra los responsables.

La persistencia de estas prácticas demuestra que las corporaciones de seguridad operan muchas veces fuera del marco normativo que deberían defender. No se trata de simples “malos elementos” aislados, sino de un problema estructural que refleja falta de capacitación, controles internos débiles y una cultura de impunidad que normaliza el abuso de autoridad.

En lugar de fortalecer mecanismos de control y depuración, las autoridades han tolerado e incluso justificado las “revisiones de rutina” como una herramienta de prevención del delito, ignorando que en la práctica son detenciones arbitrarias. La ciudadanía queda así expuesta a ser detenida, registrada y retenida sin haber infringido la ley, bajo un sistema que prioriza la sospecha subjetiva por encima de la legalidad y el respeto a las garantías individuales.

Mientras no exista una supervisión real y sanciones efectivas contra estas detenciones, Aguascalientes seguirá siendo un estado donde la ley se aplica de manera selectiva: estricta para el ciudadano común, pero flexible y complaciente para quienes portan un uniforme.