Cada 30 de julio, el mundo conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha proclamada por la ONU en 2013 para visibilizar una de las formas de esclavitud moderna más extendidas y silenciosas. En México, este flagelo persiste a pesar de los marcos legales y las campañas institucionales, afectando a miles de personas, principalmente mujeres, niñas, migrantes y personas en situación de vulnerabilidad.

Una realidad oculta tras cifras fragmentadas

México es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, una industria ilegal multimillonaria que opera con sofisticación y con la complicidad, a veces, de redes institucionales corruptas.

Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), más del 85% de las víctimas detectadas en México son mujeres y niñas, muchas de ellas explotadas sexualmente. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que las cifras reales son mucho mayores debido a la falta de denuncias, la revictimización y el miedo.

De acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México (2023), elaborado por la UNODC y la Secretaría de Gobernación, al menos 12 mil personas podrían ser víctimas al año, aunque solo una fracción llega a las instancias judiciales.

Modalidades y zonas de riesgo

La trata de personas en México se manifiesta en diversas formas:

• Explotación sexual (prostitución forzada, pornografía, turismo sexual).

• Trabajo forzado (en campos agrícolas, maquilas, construcción).

• Mendicidad forzada.

• Explotación infantil y matrimonios forzados.

• Tráfico de órganos, aunque menos documentado, está presente en regiones de alta violencia.

Las zonas fronterizas, corredores migratorios, y polos turísticos concentran la mayor incidencia. Estados como Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Baja California y Ciudad de México son señalados como focos rojos por su alta incidencia o por operar como centros logísticos de redes criminales.

Impunidad y simulación institucional

México cuenta con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas desde 2012, sin embargo, los esfuerzos siguen siendo desarticulados. Organizaciones como Sin Trata o Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas denuncian que:

• Las fiscalías carecen de unidades especializadas.

• La tipificación no se aplica correctamente, lo que deriva en sanciones mínimas.

• Las víctimas enfrentan procesos de revictimización y escaso apoyo para su reintegración.

El último informe de Impunidad Cero reportó que más del 90% de los casos denunciados no llegan a sentencia.

Migración y trata: una doble vulnerabilidad

La crisis migratoria ha agudizado la trata en el país. La migración forzada por violencia, pobreza o desastres climáticos ha hecho de México un terreno fértil para redes que captan, trasladan y explotan a migrantes. Muchas mujeres centroamericanas, haitianas o venezolanas, son víctimas mientras intentan llegar a EE.UU.

La frontera sur y la ruta del tren (“La Bestia”) se han convertido en zonas de captura para redes de tratantes, a menudo coludidas con autoridades locales.

Memoria, prevención y deuda histórica

Conmemorar este día no es suficiente. Las voces de las sobrevivientes piden justicia, reparación y garantías de no repetición. Expertos coinciden en que mientras no se garantice un enfoque de derechos humanos, presupuesto real y coordinación interinstitucional, la lucha contra la trata seguirá siendo un acto simbólico más que una política efectiva.

El 30 de julio debe ser una fecha para recordar a las víctimas invisibilizadas, pero también para exigir a los gobiernos acciones reales, con perspectiva de género, interculturalidad y enfoque en infancia.

¿Qué podemos hacer?

• Informarnos y difundir los signos de alerta.

• Denunciar cualquier indicio de trata al 800 5533 000 (línea nacional).

• Exigir a autoridades locales y federales políticas públicas efectivas.

• Apoyar a organizaciones civiles que acompañan a víctimas.

• México tiene una deuda pendiente con las víctimas de trata de personas. Más allá de la narrativa oficial, se requiere una transformación profunda en el sistema de justicia, la atención a víctimas y la erradicación de factores estructurales como la desigualdad, la violencia de género y la impunidad.