A pesar del discurso oficial que insiste en mantener una imagen de estabilidad y paz, la realidad ha alcanzado al gobierno estatal: la violencia reciente en Aguascalientes ha orillado incluso al sector empresarial a emitir recomendaciones de seguridad que hasta hace poco eran impensables en la entidad.
Luego de la detención de 18 personas en un campamento armado en Rincón de Romos el pasado sábado 26 de julio, el presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA), Roberto Díaz Ruiz, exhortó públicamente a evitar transitar por carreteras locales, especialmente durante la noche o en solitario. Esta alerta, más allá de ser un llamado a la precaución, es un claro mensaje sobre la creciente percepción de vulnerabilidad que se vive actualmente en el estado.
El hecho de que empresarios históricamente aliados y defensores de la estabilidad institucional se vean forzados a emitir recomendaciones que implican restricciones de movilidad, es una señal contundente de que el Estado ha fallado en su deber más básico: garantizar la seguridad pública. Más grave aún es que estas sugerencias llegan no solo tras un operativo aislado, sino en un contexto donde persisten denuncias de extorsión, como las reportadas en el Centro Comercial Agropecuario.
La postura oficial, sin embargo, sigue minimizando los hechos. Mientras en Zacatecas el gobierno despliega operativos para proteger su frontera con Aguascalientes y emite recomendaciones a su ciudadanía para no visitar nuestro estado, aquí las autoridades mantienen una narrativa de contención y calma, que contrasta con la preocupación real que vive el sector productivo y la ciudadanía en general.
Es preocupante que el gobierno se muestre más preocupado por cuidar su imagen que por responder con acciones firmes y efectivas. Las recomendaciones del CEEA no son exageradas ni alarmistas; son una respuesta directa a la ausencia de garantías y a la falta de contundencia institucional. Mientras tanto, los ciudadanos quedan atrapados entre la violencia creciente y una clase política que sigue apostando a los paliativos mediáticos.
Aguascalientes no puede permitirse caer en el autoengaño. Urge que el gobierno estatal reconozca la gravedad del momento, refuerce su coordinación con fuerzas federales y actúe con transparencia. Lo contrario solo consolidará una percepción peligrosa: que en Aguascalientes, la seguridad ya no es un derecho, sino una moneda de cambio entre discursos y omisiones.
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