En un intento por reforzar la seguridad en Aguascalientes, el gobierno municipal ha anunciado un ambicioso plan para obligar a negocios catalogados como de "alto riesgo" entre ellos bares y restaurantes a instalar cámaras de videovigilancia conectadas al C5. Aunque la medida se presenta como parte de una estrategia de colaboración entre el sector privado y la autoridad, también despierta dudas sobre su verdadero alcance, efectividad y consecuencias para los pequeños empresarios.
Según lo informado por el alcalde Leo Montañez, la medida se implementará de forma gradual y estratégica, comenzando en zonas consideradas prioritarias. El objetivo es que esta obligación se convierta en un nuevo requisito para la obtención de licencias de funcionamiento, lo cual podría cambiar significativamente el panorama regulatorio para los comercios locales. A pesar de la promesa de incentivos y descuentos, lo cierto es que para muchos negocios pequeños esta exigencia representa un gasto adicional difícil de absorber, especialmente en un entorno económico incierto.
Críticas y ambigüedades
Aunque se busca dar sustento legal a esta acción mediante reformas al Código Municipal y con el respaldo del Congreso del Estado, surgen interrogantes legítimas sobre su alcance y aplicación. ¿Qué criterios se usarán para definir a un negocio como "de alto riesgo"? ¿Se trata realmente de una medida preventiva o de una vigilancia encubierta del sector privado?
Actualmente, alrededor de 460 establecimientos en el estado ya están conectados a sistemas como el C2 y C4 mediante botones de alerta. Sin embargo, se pretende que todos migren al C5, un sistema más robusto, sí, pero también más centralizado y potencialmente invasivo.
Lo que se presenta como una medida para reducir los índices delictivos podría terminar ampliando el margen de control del Estado sobre las actividades privadas. Además, la cifra revelada por el propio alcalde solo el 20% de los negocios bajo supervisión cuentan con videovigilancia sugiere que no se ha logrado una cultura de colaboración efectiva, sino que podría imponerse una política de cumplimiento forzado.
¿Quién se beneficia realmente?
Si bien mejorar la seguridad es un objetivo compartido, es legítimo preguntarse si esta política será realmente equitativa. Las grandes cadenas comerciales pueden absorber el costo sin mayor problema, pero ¿qué hay de los negocios familiares, los bares independientes, o los restaurantes que operan con márgenes mínimos?
Por otra parte, si bien se habla de incentivos, no hay detalles claros sobre el tipo ni el monto, ni si estos serán suficientes para compensar la inversión. Tampoco hay una estrategia clara para garantizar que las imágenes captadas no se utilicen con fines distintos a la seguridad pública.
Una medida que exige vigilancia… ciudadana
La intención de conectar más negocios al C5 podría ser valiosa en zonas con alta incidencia delictiva, pero sin una supervisión clara, reglas transparentes y apoyo real a los pequeños comerciantes, la iniciativa corre el riesgo de convertirse en un nuevo mecanismo de presión y control.
Más allá de las cámaras, lo que necesita Aguascalientes es una política de seguridad verdaderamente integral: con prevención, proximidad social, fortalecimiento policial y combate a la impunidad. Sin ello, las cámaras serán apenas otro parche tecnológico sin fondo estructural.
Una vigilancia efectiva no puede sostenerse en la desconfianza ni en la imposición unilateral. Para que esta medida sea realmente útil, debe construirse de la mano con la sociedad civil, con reglas claras, apoyo económico y evaluación constante. De lo contrario, podría convertirse en una más de las muchas políticas bien intencionadas que fracasan por falta de consenso y sensibilidad social.
Añadir comentario
Comentarios