Reacomodo judicial en Aguascalientes: entre correcciones y cuestionamientos

El reciente fallo del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) sobre el proceso de elección judicial 2025 ha sacudido el panorama institucional, dejando al descubierto no solo irregularidades en la revisión de requisitos de elegibilidad, sino también un procedimiento poco claro y opaco por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE). La resolución, que modifica múltiples designaciones de personas juzgadoras en diversas materias, plantea dudas sobre la transparencia y rigor del proceso con el que se seleccionan perfiles encargados de impartir justicia.

El fallo del TEEA implicó la remoción de al menos ocho personas juzgadoras que originalmente habían sido designadas en áreas como materia mixta, penal, laboral, mercantil tradicional y en el Centro de Justicia Auxiliar. A pesar de que se ratificaron ciertos nombramientos y se declararon infundadas algunas impugnaciones, el volumen de cambios ordenados refleja un proceso deficiente en su evaluación inicial, lo cual es particularmente preocupante si se considera que estas personas ocuparán cargos que afectan directamente la vida legal, penal y económica de la ciudadanía.

¿Qué está en juego?

La justicia local enfrenta una sacudida institucional. No se trata solamente de movimientos administrativos, sino de un reajuste que podría influir en la independencia judicial, el equilibrio entre poderes y, sobre todo, en la confianza pública. La designación de jueces debe ser un procedimiento ejemplar en legalidad y legitimidad, y no un campo de correcciones posteriores que pone en entredicho la capacidad técnica del IEE y de los órganos responsables de supervisar los perfiles.

Más aún, los criterios de inelegibilidad no han sido plenamente transparentados. ¿Se trató de fallas documentales, de trayectoria o de vínculos políticos no revelados? Las respuestas no son claras, y el hermetismo institucional solo alimenta la percepción de opacidad.

¿Qué podemos esperar en los próximos días?

1. Impugnaciones secundarias: Es probable que quienes fueron removidos presenten recursos ante instancias federales, lo que podría seguir modificando el mapa judicial local.

2. Presiones políticas: Algunos nombramientos han sido interpretados como favorecimientos a ciertos grupos, por lo que no se descarta presión de actores partidistas, tanto para proteger como para desacreditar a ciertos perfiles.

3. Pronunciamientos gremiales y académicos: El gremio de abogados y facultades de derecho podrían emitir posicionamientos exigiendo mayor claridad en los procesos y garantías de que los nuevos jueces cumplen con principios de imparcialidad y capacidad.

4. Mayor vigilancia ciudadana y mediática: Dado el impacto de estas decisiones en la vida diaria de los ciudadanos, es previsible que organizaciones de la sociedad civil pidan observación más cercana a las prácticas del IEE y del propio Poder Judicial.

Sin duda alguna el reacomodo judicial en Aguascalientes no debe verse como un simple ajuste técnico. Es un síntoma de fallas más profundas en los mecanismos de elección de autoridades clave en la impartición de justicia. El hecho de que tantas designaciones tuvieran que ser corregidas por el TEEA revela una necesidad urgente de fortalecer los filtros, garantizar procesos más abiertos y establecer verdaderos contrapesos institucionales. Porque cuando se tambalea la legitimidad judicial, se debilita también la base del Estado de Derecho.