Tras las denuncias públicas por extorsiones en el Centro Comercial Agropecuario y la negativa de su directiva para permitir el ingreso de cuerpos de seguridad, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Urbano que declara a los mercados, centrales de abasto y parques agroalimentarios como puntos de interés y utilidad pública. Esta medida otorga a la policía la facultad para ingresar a estos espacios, aún cuando sean privados.
La iniciativa, presentada por la bancada del PAN y avalada con 18 votos, modifica el artículo 10 y el artículo 459 del Código Urbano, estableciendo que estos lugares serán protegidos para garantizar la seguridad alimentaria, y por tanto sujetos a inspección y vigilancia obligatoria.
Aunque la intención oficial es combatir la inseguridad y erradicar las prácticas de extorsión denunciadas, esta reforma genera dudas importantes sobre los límites de la intervención estatal en espacios privados. La medida podría abrir la puerta a un acceso indiscriminado por parte de autoridades, sin mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas que protejan a comerciantes y usuarios.
La directiva del Agropecuario, que inicialmente se resistió al ingreso policial, argumenta preocupaciones legítimas sobre el impacto que esta intromisión podría tener en la operación y en la confianza entre comerciantes y clientes. Más allá de la reforma, lo que parece necesario es un diálogo transparente y estrategias coordinadas que involucren a comerciantes, autoridades y la sociedad para erradicar la violencia sin vulnerar derechos.
Por otro lado, la reforma, al declarar estos espacios como de utilidad pública, plantea un precedente legal que podría ser interpretado para justificar intervenciones más amplias, poniendo en riesgo la autonomía y la seguridad jurídica de los empresarios del sector.
En suma, aunque la lucha contra la inseguridad es urgente y necesaria, el enfoque restrictivo y autoritario de la reforma refleja una visión simplista del problema. La seguridad en mercados y centrales de abasto requiere políticas integrales que combinen prevención, justicia y participación comunitaria, no solo la imposición de acceso sin garantías claras.
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