El reciente incendio intencional de cuatro vehículos de lujo en un lote de autos en Aguascalientes ha encendido no solo las alarmas del sistema de seguridad, sino también una serie de interrogantes sobre el verdadero alcance del crimen organizado y los vacíos institucionales para enfrentarlo. Aunque la Fiscalía General del Estado ha descartado —por ahora— una relación directa entre este hecho y las denuncias de extorsión en el Centro Comercial Agropecuario, el contexto obliga a mirar más allá de las versiones oficiales.
El fiscal Manuel Alonso García apuntó que el incendio podría estar relacionado con un conflicto particular entre el propietario del lote y un cliente. Sin embargo, la reiterada aparición de hechos violentos o irregulares en torno al comercio informal o semiformal sugiere patrones más estructurales, donde los límites entre conflictos privados, coerción económica y criminalidad organizada se diluyen cada vez más.
Particularmente preocupante es la confirmación de la operación de esquemas tipo gota a gota en el Agropecuario, protagonizados por ciudadanos colombianos. Este modelo, ampliamente documentado en otras regiones del país, implica préstamos usureros que derivan en amenazas, agresiones y, en casos extremos, despojos o asesinatos. La presencia de estas redes en un centro comercial neurálgico para el abasto en Aguascalientes habla no solo de su capacidad de infiltración, sino de la falta de controles efectivos por parte de las autoridades locales.
Aunque el fiscal mencionó acciones coordinadas con el Instituto Nacional de Migración, no queda claro si estas medidas son preventivas o reactivas, ni cuál será su alcance real. El combate a este tipo de prácticas requiere más que vigilancia puntual: necesita un rediseño normativo, políticas de inclusión financiera para comerciantes vulnerables y, sobre todo, una presencia institucional constante y no solo mediática.
La posible tipificación penal del modelo “gota a gota” es una señal positiva, pero tardía. Estos esquemas llevan años operando en distintas zonas del país, y su consolidación en Aguascalientes revela una falta de anticipación que debe asumirse como un error estratégico. El mismo caso aplica para el tema de las máquinas tragamonedas ilegales: un fenómeno bien conocido pero persistentemente ignorado o tolerado, hasta que se convierte en un problema imposible de ocultar.
En suma, el incendio de autos puede ser el detonante de una discusión más profunda: ¿está Aguascalientes realmente blindado ante la expansión de delitos financieros, extorsivos y violentos que, aunque no siempre visibles, crecen al amparo de vacíos legales y zonas grises de gobernabilidad? Las respuestas no pueden quedarse en conferencias de prensa. Se requiere una acción decidida, sostenida y transparente para enfrentar una inseguridad que ya no se limita a cifras, sino que amenaza con normalizarse en los rincones donde el Estado aún no logra imponer su autoridad.
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