A cien días del arranque de su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo presentó un balance cargado de cifras alentadoras, pero que también abre espacio a un análisis más crítico sobre el rumbo y profundidad de las acciones emprendidas.
El Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes ha servido como hoja de ruta para operativos y acciones institucionales, con resultados tangibles como la incorporación de más de 180 nuevos aspirantes a la formación policial, la entrega de armamento y patrullas, y el fortalecimiento del Grupo de Operaciones Especiales en coordinación con la Secretaría de Marina. En el papel, estos avances evidencian un fortalecimiento del músculo operativo. No obstante, aún queda por demostrar cómo estas medidas impactan directamente en la percepción de seguridad ciudadana o en la reducción de delitos de alto impacto.
Uno de los logros más destacados —el incremento del 50 % en operativos conjuntos con corporaciones municipales— refleja una mejora en la coordinación interinstitucional, lo cual es clave en un estado donde la fragmentación operativa había sido un talón de Aquiles. Sin embargo, el dato carece de una evaluación cualitativa: ¿han disminuido los delitos en las zonas intervenidas?, ¿cuál ha sido el nivel de efectividad de esos operativos?
En el ámbito digital, la proyección del modelo de la Policía Cibernética hacia otras entidades como León, Guanajuato, representa un acierto en la consolidación de Aguascalientes como referente regional en materia de ciberseguridad. Sin embargo, el cibercrimen evoluciona con rapidez, y queda por ver si la estrategia local tiene la flexibilidad y recursos necesarios para mantenerse a la par de las amenazas tecnológicas.
En cuanto a la prevención, programas comunitarios como Policía Rosa, Escuela Cibersegura y los Comités Vecinales 4x4, son esfuerzos plausibles que reflejan una visión de seguridad más integral y cercana al ciudadano. No obstante, su alcance aún es limitado frente a las dimensiones del problema. Beneficiar a 17 mil personas es un paso, pero insuficiente para incidir de forma estructural si no se acompañan de diagnósticos territoriales y mecanismos de seguimiento.
La homologación salarial y los estímulos para los cuerpos policiales son acciones necesarias y largamente postergadas, pero también representan un punto de partida más que un punto de llegada. La profesionalización no se logra solo con incentivos económicos, sino con controles internos robustos, mecanismos de evaluación continua y un compromiso ético que aún debe consolidarse.
En suma, los primeros 100 días de Martínez Romo muestran voluntad política, capacidad de gestión operativa y una narrativa de resultados que busca generar confianza. Sin embargo, la sostenibilidad y profundidad de los logros aún están en proceso de construcción. La seguridad es un terreno donde los balances reales no se miden solo en cifras, sino en transformaciones sostenibles y perceptibles en la vida cotidiana de los ciudadanos.
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