A partir del 15 de junio, los motociclistas de Jesús María deberán pensarlo dos veces antes de circular con escapes modificados o ruidosos. El Cabildo municipal aprobó una modificación al reglamento local para sancionar con severidad este tipo de infracciones, argumentando una demanda ciudadana para disminuir la contaminación auditiva en calles, colonias y comunidades del municipio. La multa podría alcanzar hasta los 7 mil pesos, una de las sanciones más elevadas en la normativa actual.
Aunque el presidente municipal, César Medina, afirmó que esta acción responde a un malestar generalizado recogido en recorridos y reuniones vecinales, la medida no está exenta de cuestionamientos. Desde una óptica crítica, si bien es cierto que el ruido excesivo representa un problema real de salud pública —asociado al estrés, trastornos del sueño y pérdida auditiva—, también es válido preguntarse si la solución pasa únicamente por la vía sancionadora.
La disposición establece un plazo de gracia de 15 días para que los conductores regularicen sus unidades. No obstante, la falta de claridad sobre mecanismos de revisión, criterios técnicos para definir “ruido excesivo” o posibles afectaciones a quienes utilizan sus motocicletas como herramienta de trabajo, deja espacio para interpretaciones arbitrarias y abusos.
Además, el enfoque punitivo contrasta con otras políticas de movilidad más inclusivas, como el incentivo al uso responsable de motocicletas o la educación vial desde temprana edad. Aunque el gobierno ha señalado que quienes tomen el curso de concientización podrán obtener un descuento en la multa, no se ha detallado el contenido del curso ni su alcance real como herramienta de prevención.
Por otra parte, esta medida también evidencia la creciente tensión entre el derecho a la tranquilidad y el uso del espacio público por parte de ciertos sectores, especialmente jóvenes o repartidores, que suelen usar vehículos modificados. Sin un plan de movilidad más integral que contemple opciones económicas de transporte, regulación justa y campañas efectivas de concienciación, la medida podría percibirse más como una herramienta recaudatoria que como una política de bienestar colectivo.
En resumen, aunque el objetivo de reducir el ruido y mejorar la convivencia urbana es legítimo, la implementación y comunicación de esta norma deberán ser transparentes y equitativas para evitar que se convierta en una fuente de conflictos entre ciudadanía y autoridad. La vigilancia no debe recaer solo en las multas, sino también en la construcción de una cultura vial respetuosa, incluyente y sostenible.
Fotografia: Cortesia de Municipio de Aguasaclientes
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